Se van a cumplir ya dos meses del ascenso de un Gobierno, el socialista con Pedro Sánchez a la cabeza, del que la primera definición que podríamos dar antes de entrar a debatir sobre sus medidas es que nadie lo ha votado.

 

Con esta premisa de entrada, Pedro Sánchez ya tiene una pesada losa sobre su espalda, que no es otra que la de gobernar sin el consenso ni la legitimidad, aquello que únicamente puede ser ganado a golpe de urna.

 

Vale que Rajoy probablemente lo mereciera, vale que el juego político al que nos sometemos todos, permite legalmente que moción de censura mediante, se pueda echar del cargo a un presidente para que lo ocupe otro cuya suma de apoyos sea la suficiente como para considerarse “representativo” de la sociedad a la que se hace cargo pero, atendiendo precisamente a esta cuestión, ¿lo es el gobierno, de pleno derecho según la ley, de Pedro Sánchez?

 

 

La “representativa” representación que ha hecho presidente a Pedro Sánchez

 

Antes de entrar a analizar qué sector de la población ha podido permitir a Pedro Sánchez hacerse con el título de presidente del Estado Español, quisiera incidir en que no estoy en absoluto en contra con que se le otorgue el cargo a quien represente la voluntad de la mayoría, aunque ésta sea del 51%.

 

El problema es cuando fijándonos en quienes forman esa representación, se deja de lado mucho más de la mayoría de la voluntad popular. Y esto, por mucho que Pedro Sánchez haya obtenido “in extremis” y mediante concesiones los apoyos suficientes, es un requisito que no cumple para ser investido presidente.

 

Insisto: aunque no esté de acuerdo con sus ideales, no puedo realizar oposición alguna a que Pedro Sánchez se hiciera con la presidencia si los apoyos obtenidos mediante su propio partido y la coalición Podemos – Izquierda Unida, hubiese sumado esos 176 escaños necesarios para llevar a cabo la moción.

 

Esos 176 escaños representaría una masa de votantes repartida por todo el Estado y que tienen todo su derecho, gusten o no sus ideales insisto, a expresar su voluntad. Pero el problema es que a Sánchez desde el primer día no le cuadraban los números… y buscó las migajas que le permitieran “alcanzar el trono” en partidos cuyas representaciones no llegaban ni a la decena de escaños.

 

Es así como la llave de la presidencia no quedó en manos de la mitad de los españoles, sino de una minoría que presume de querer acabar precisamente con el Estado Español.

 

 

La peligrosidad de los juegos en política

 

Para reflexionar sobre la legitimidad o no de este nuevo gobierno sólo tenemos que hacernos la siguiente pregunta: qué resulta más nocivo, ¿dejar que agote el poder un partido quemado (que no condenado) por la corrupción y cambiarlo legítima y legalmente en los próximos comicios de los que distaban solo dos años o permitir el ascenso de un gobierno debilitado que depende de independentistas y partidos cuyo discurso y acciones son probadamente antidemocráticas?

 

Si aún dudamos de la respuesta o nos parece una dicotomía demasiado radical, debemos pensar que aún quedaba una tercera vía igual de legítima: la de haber seguido adelante con la moción y haber convocado unas elecciones que sirviera para dar fuerza al nuevo gobierno con un apoyo firme, y que sin embargo en ningún momento pese a la propuesta de otros partidos como Ciudadanos, se llegó a poner sobre la mesa.

 

Seguir por la vía del gobierno débil ha supuesto de entrada ciertos costes palpables (como que el País Vasco cuente con una financiación muy superior a la de otras comunidades, lo que nuevamente rompe con la visión de un gobierno representativo donde todos seamos iguales, vivamos en la comunidad autónoma que vivamos) y otros tantos no tan palpables pero que, viendo los “compañeros de cama” de Sánchez, se pueden intuir.

 

Que en medio de una crisis institucional como la que el desafío independentista ha provocado, éstos mismos que han procurado romper con la unidad nacional tengan potestad para decidir en el Gobierno Central, supone una auténtica temeridad cuanto menos. Temeridad que apenas dos meses de este incierto ascenso al poder, ya se ha traducido en concesiones como el acercamiento de los presos (a secas, nada de la coletilla “políticos”) por delitos de secesión a Cataluña, y otras medidas que nos costará averiguar de entrada pero que mucho me temo no tardarán en florecer.

Un precio demasiado alto por aferrarse al poder

 

Y es que si por algo se puede caracterizar este nuevo gobierno de Sánchez no es por contar con un mayor número de ministras frente a los ministros, no es por ser de los más activos en Twitter, ni tan siquiera por contar con el desafortunado nombramiento desde el primer minuto, de un ministro cuyas malas prácticas con Hacienda le invalidaban para el cargo, sino por ser el gobierno que en el momento en el que se debía luchar por la legalidad de los independentismos radicales, en el que había que debilitar sus discursos y abogar por la unidad nacional, decidió dar alas al movimiento y permitir que un tema que nunca debió saltar a la palestra, se siga debatiendo y sigua insuflando apoyos a base de errores.

 

Quisiera terminar incidiendo en el tema de debate. No es culpa de Sánchez que haya podido ser presidente legítimamente, si acaso a su excesiva ambición por serlo a toda costa y por querer demostrar a su propio partido (quienes tampoco se fían de su proceder), pero la culpa está en unas reglas que, siendo democráticas, no son representativas de una democracia.

 

Jamás, una décima parte de la población o menos aún, debería poder decidir y ser partícipe del devenir del 90% restante y, aunque no nos lo parezca, eso es lo que sucede a día de hoy no solo en España como estado, sino en cualquier comunidad como Cataluña, donde apenas 3 diputados de la CUP han empujado a los 132 restantes a una vorágine ilógica de decisiones repletas de radicalidad gracias a ese juego político de los pactos, que casi nunca responden a la voluntad popular, sino a los intereses de unos cuantos.

 

Una mirada hacia el nuevo gobierno socialista: ¿le legitima la ley o los ciudadanos?
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